Grupo Xcaret recibió autorización ambiental para desarrollar nuevas obras en uno de sus parques en Quintana Roo, pero el proyecto quedó condicionado a un proceso de consulta con pueblos y comunidades indígenas que pudieran resultar afectados.
La autorización contempla el proyecto denominado Áreas de Esparcimiento y Servicios de Xcaret, que podrá desarrollarse durante un periodo de hasta 10 años. Sin embargo, el permiso ambiental no significa que todas las obras puedan comenzar de manera inmediata.
Uno de los principales requisitos es que la empresa se coordine con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para determinar si existen comunidades cuyos derechos o intereses pudieran verse involucrados por el proyecto. Si se identifica una posible afectación, deberá realizarse una consulta previa, libre e informada.
El requisito cobra especial relevancia por la relación histórica y cultural de la región con el pueblo maya. El territorio donde se encuentra Xcaret forma parte de una zona con vestigios arqueológicos y una importante presencia de comunidades y expresiones culturales vinculadas con esta población.
La autorización también contempla obligaciones ambientales para el desarrollo de las obras, así como medidas destinadas a prevenir o atender posibles impactos. La empresa deberá cumplir con las condiciones establecidas antes y durante la ejecución del proyecto.
El caso pone sobre la mesa un debate que va más allá de la expansión de un complejo turístico: cómo equilibrar el crecimiento de la industria con la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los pueblos originarios. En este escenario, la participación de las comunidades mayas será un elemento determinante para definir el rumbo de las nuevas obras.