Especialistas nacionales e internacionales propusieron actualizar el impuesto a las bebidas alcohólicas en México, con el argumento de que el actual esquema fiscal no se ha modificado desde 2014 y ha perdido capacidad recaudatoria.

La propuesta fue presentada durante un foro de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), en el marco de la discusión del Paquete Económico 2027. Los especialistas plantearon sustituir el actual esquema del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por uno que tome como referencia la cantidad de alcohol puro que contiene cada bebida.

Entre las propuestas se encuentra establecer una cuota de 0.4938 pesos por cada mililitro de alcohol puro y actualizarla automáticamente conforme a la inflación. Actualmente, el IEPS se calcula mediante un porcentaje aplicado al precio del producto, de acuerdo con su graduación alcohólica.

Quienes impulsan la modificación señalan que un impuesto basado en la cantidad de alcohol permitiría establecer una relación más directa entre la graduación de las bebidas y el gravamen. También sostienen que una actualización podría contribuir a incrementar la recaudación y reducir el consumo.

De acuerdo con los datos presentados durante el foro, se estima que la recaudación por este concepto tendría una caída real de 8.5 por ciento en 2027 bajo el esquema actual. Los especialistas también citaron experiencias internacionales, como la de Tailandia, donde modificaciones a la estructura tributaria estuvieron asociadas con reducciones en el consumo.

La propuesta también se relaciona con el impacto del consumo de alcohol en la salud. Durante el encuentro, representantes de la Organización Panamericana de la Salud y del Instituto Nacional de Psiquiatría señalaron los costos sanitarios asociados al consumo y la necesidad de fortalecer las políticas de prevención.

Por ahora, se trata de una propuesta planteada por especialistas y organizaciones durante el debate fiscal. El Paquete Económico 2027 continúa su proceso legislativo y cualquier modificación al impuesto deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión.