La reforma también plantea fortalecer el Registro Nacional de Cáncer, evitar interrupciones en la atención médica y proteger a pacientes que enfrentan dificultades para acceder a los servicios de salud.

México se prepara para discutir una reforma sanitaria que busca establecer un plazo máximo de 60 días para que los pacientes con cáncer comiencen su tratamiento en instituciones públicas. La propuesta pretende reducir las demoras en la atención y garantizar que las personas diagnosticadas reciban servicios médicos oportunos y continuos.

La iniciativa fue impulsada por la Comisión para la Atención Integral del Cáncer en México (CAIC), una alianza integrada por 38 organizaciones civiles. El proyecto recibió la aprobación unánime de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y cuenta con el respaldo de la Junta de Coordinación Política. Se prevé que sea discutido en el pleno a partir del 15 de noviembre, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.

Uno de los puntos centrales consiste en fortalecer el Registro Nacional de Cáncer para convertirlo en una herramienta obligatoria de interés público. La intención es reunir información más completa sobre los diagnósticos, tratamientos y necesidades de los pacientes, con el objetivo de orientar las decisiones sanitarias y mejorar la distribución de recursos.

La propuesta también contempla mecanismos para evitar que una persona se quede sin atención cuando la unidad médica a la que acude no tenga capacidad para recibirla. En esos casos, se busca facilitar su canalización a otro centro de salud, de manera que la falta de espacios no prolongue innecesariamente el inicio del tratamiento.

Otro de los planteamientos es garantizar la continuidad de la atención de niñas, niños y adolescentes con cáncer cuando cumplen 18 años, para evitar que la transición a los servicios para adultos interrumpa sus tratamientos. Además, se propone incorporar el llamado “derecho al olvido oncológico”, orientado a prevenir que quienes han superado la enfermedad enfrenten discriminación al solicitar productos financieros.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Cancerología, en México se registran 96 mil 210 muertes anuales por cáncer. Frente a este panorama, las organizaciones promotoras sostienen que mejorar el acceso oportuno a los tratamientos y contar con información nacional más completa son pasos necesarios para fortalecer la atención.

La propuesta todavía debe avanzar en el proceso legislativo antes de convertirse en una obligación legal. De aprobarse, buscaría establecer un plazo definido para el inicio de los tratamientos y reforzar la continuidad de los servicios médicos para las personas que viven con cáncer.