El debate jurídico en San Luis Potosí en torno a la Reforma penal en delitos digitales e IA (SLP), que castiga con hasta seis años de prisión la difusión dolosa y la manipulación de imagen o voz mediante Inteligencia Artificial (IA), ha tomado un giro inesperado. Lejos de convertirse en una herramienta de protección digital, la ambigüedad en su redacción ha abierto la puerta a una estrategia política de evasión: el deslinde tecnológico.
Hoy en día, ante cualquier investigación periodística rigurosa que involucre audios filtrados, videos comprometedores o documentos digitales que exhiban malas prácticas, la salida institucional automática ya no es la aclaración, sino la descalificación inmediata bajo la frase: «Eso no es real, es Inteligencia Artificial».
El contexto: ¿Cómo funciona este vacío?
La velocidad con la que avanza la tecnología generativa ha creado un terreno de profunda desconfianza legítima. Sin embargo, en el ámbito público, esa desconfianza está siendo capitalizada. Al tipificarse de forma desigual el «uso indebido de la IA», se invirtió de facto la carga de la prueba en la narrativa pública:
Al amparo de la Reforma penal en delitos digitales e IA (SLP), los entes públicos pueden desacreditar una investigación verídica tildándola de «deepfake» o montaje digital. Esto les permite no solo evadir la rendición de cuentas, sino colocar al periodista, creador de contenido o al medio en la antesala de un delito penal por «difusión dolosa».
Mientras que el aparato institucional ha demostrado capacidad para procesar denuncias por supuesta manipulación en un tiempo récord de 15 días, demostrar técnicamente que un material no es IA y que corresponde a una grabación real requiere peritajes forenses digitales que pueden tomar meses. En ese lapso, la verdad queda suspendida y el impacto de la investigación se disuelve.
Las dos caras de la moneda digital
Esta nueva frontera de la opacidad expone una contradicción absoluta en la gestión de la imagen pública:
1. Hacia afuera: Se utilizan las plataformas digitales, algoritmos y herramientas de edición de manera permanente para la promoción personalizada, la estética política y la captación de interacciones en una constante «guerra de likes».
2. Hacia adentro: Cuando esas mismas herramientas digitales exponen contradicciones o fallas en las decisiones de gobierno, la tecnología deja de ser la aliada del progreso para convertirse en el «enemigo externo» que todo lo falsifica.
El impacto en el derecho a la información.
El verdadero riesgo de esta tendencia es la instauración de una censura previa por descalificación. Si cualquier contenido incómodo puede ser archivado o desmentido bajo la simple etiqueta de «es un montaje de IA», la fiscalización periodística pierde terreno frente al escepticismo inducido.
Regular los delitos cibernéticos y la suplantación de identidad es una urgencia técnica; sin embargo, cuando la ley carece de mecanismos de verificación claros y se aprueba con premura, termina por otorgar un cheque en blanco para la opacidad, donde la tecnología ya no se regula para proteger al ciudadano, sino para blindar al funcionario.
(-Esto no es IA)
En DogNewsMx tenemos claro que nuestra línea no es la de un medio político ni politiquero; sin embargo, como comunicadores, periodistas, columnistas, potosinos y mexicanos, entendemos que este es un tema crucial que no podemos ignorar. La libertad de expresión, el rigor informativo y el derecho a la verdad son los pilares de nuestra labor diaria, y ver cómo los vacíos legales pueden ser utilizados para minar la confianza en el periodismo nos compete a todos. No se trata de partidos ni de agendas de poder, sino de defender el espacio de la libre información en un entorno digital cambiante que nos afecta directamente como sociedad.
