En San Luis Potosí, la infancia institucionalizada sigue esperando. No por falta de leyes, ni por ausencia de instituciones, sino por algo más complejo y silencioso: la falta de voluntad social para adoptar más allá de lo idealizado.

Los números son claros, pero también dolorosos. A nivel nacional, en 2024 se registraron apenas 228 adopciones concluidas, una cifra baja si se contrasta con la cantidad de niñas, niños y adolescentes bajo resguardo del Estado, según “REDIM Blog”. Más aún, entre 2023 y 2024, más de 7,300 menores ingresaron a centros de asistencia social, pero solo 858 fueron considerados susceptibles de adopción, y cientos de ellos ni siquiera fueron asignados a una familia pese a tener su situación jurídica resuelta, según “El País”

San Luis Potosí no es ajeno a esta realidad. En lo que va de la actual administración estatal, se han concretado alrededor de 42 a 76 adopciones, dependiendo del corte temporal de los datos, según “Pulso San Luis”. A primera vista podría parecer un avance, pero el problema no está solo en cuántos son adoptados, sino en quiénes sí lo son.

La adopción en nuestro estado —como en gran parte del país— sigue marcada por una preferencia clara: bebés o menores de cinco años. Mientras tanto, niñas y niños mayores, grupos de hermanos y adolescentes permanecen en espera. En un dato revelador, solo cinco adolescentes han sido adoptados recientemente en el estado, según “La Orquesta”. Cinco. Una cifra que evidencia no solo una brecha, sino una exclusión sistemática.

Esto no es casualidad. Es el reflejo de una cultura que entiende la adopción como sustitución —buscar “un hijo ideal”— y no como lo que realmente es: un acto de restitución de derechos. Porque adoptar no debería responder al deseo de tener un bebé, sino al compromiso de brindar familia a quien más lo necesita.

Aquí es donde la discusión se vuelve urgente. No basta con agilizar procesos, aunque eso ha sido un avance importante. Tampoco es suficiente con abrir convocatorias o campañas institucionales esporádicas. Lo que falta es una política pública integral de incentivación a la adopción.

¿A qué nos referimos con incentivar? No se trata de “promover” la adopción como si fuera una elección de consumo, sino de eliminar barreras estructurales y culturales. Incentivar implica:

• Generar campañas permanentes que visibilicen la adopción de adolescentes, grupos de hermanos y niñas y niños con discapacidad.
• Brindar acompañamiento psicológico y social antes, durante y después del proceso.
• Crear incentivos fiscales o apoyos económicos que reduzcan la carga inicial para las familias adoptantes.
• Capacitar a medios y sociedad para erradicar estigmas sobre la adopción tardía.

Porque hoy el problema no es que no haya familias interesadas. De hecho, el interés ha crecido. El verdadero problema es que las características que buscan las familias no coinciden con las realidades de las infancias disponibles para adopción  

Mientras eso no cambie, seguiremos teniendo una paradoja cruel: familias esperando hijos “perfectos” y niñas, niños y adolescentes esperando simplemente una familia.

La adopción no debería ser un privilegio para algunos, ni una espera interminable para otros. Es, ante todo, un derecho de la infancia. Y como sociedad, seguimos fallando en garantizarlo.

Hoy, más que nunca, San Luis Potosí necesita dejar de ver la adopción como un trámite y comenzar a entenderla como una responsabilidad colectiva.

Porque cada año que pasa sin una familia, no es solo tiempo perdido: es infancia que no regresa.