El domingo 1 de junio de 2025, los ciudadanos mexicanos atenderemos a un ejercicio en la historia del país. Pues por vez primera se elegirán 881 cargos judiciales solo a nivel federal. En total se eligen 9 Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia, 2 Magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 Magistraturas de Salas Regionales del TEPJF, 5 Magistraturas del Tribunal de Disciplina judicial, 464 Magistraturas de Circuito, y 386 Juezas y Jueces de Distrito.
Mientras que a nivel estado, en San Luis Potosí, se eligen 87 cargos en el Poder Judicial. 15 Magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, 3 Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, y 69 cargos de personas Juzgadoras de Primera Instancia.
La información para conocer y decidir entre las opciones de candidaturas a nivel federal está disponible en el siguiente sitio web: https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx/
Y a nivel local en el siguiente sitio: https://ceepacslp.mx/registropelpj/conoceles2025/
En tales sitios web, podemos encontrar qué y a quiénes se va a votar, con base en la información proporcionada por los candidatos.
Ahora bien, al ser un proceso electoral inédito, producto de una reforma constitucional que no estuvo, como en muchas otras, exenta de puntos de vista encontrados entre la opinión especializada y la esfera de la opinión pública, muchos actores emitieron juicios tanto a favor como en contra. Pues por lo general, los Poderes Judiciales en la mayoría de los países independientemente de su tipo de régimen político, son seleccionados por las propias instituciones, ya sean Ejecutivas, Legislativas, o en conjunto con los propios Poderes Judiciales. Con lo cual, tales nominaciones son exclusivas de una esfera siempre política reducida y por ende restrictiva de un mayor escrutinio ciudadano.
En pro de estas formas exclusivas de selección se argumenta la supuesta selección por capacidad y mérito en la carrera judicial, pero como lo llegó a señalar el politólogo Polaco -y hermano latinoamericano por vecindad y cariño- Adam Przeworkski (2019), tales poderes judiciales en el mundo no están exentos de una captura por parte de poderes fáticos no electos, y por ello tales Judicaturas sirven, en algunos casos, como diques de contención de los propios contextos políticos y sus resultados institucionales. Es decir, los avances de la inclusión y ampliación de los derechos democráticos, visibles en las elecciones Ejecutivas y Legislativas que se han reflejado en pluralidad, alternancias de partido, y expansión de derechos populares a lo largo de la historia, encuentran de facto cierta contención por medio de la interpretación legal que se da en los PJ. Y, en consecuencia, este candado sirve en ocasiones para defender intereses minoritarios, o de actores con mucho dinero y poder que se oponen a la expansión de la democracia.
Lo que se obtiene…
Por supuesto, cabe también reconocer que los Poderes Judiciales al integrarse por muchos miembros también reflejan, cada vez, una mayor pluralidad y criterios más activos en pro de los Derechos Humanos y han sido esenciales para lograr una justicia necesaria en muchos casos de orden colectivo. Pero en otros no están tampoco exentos de las patologías políticas y organizacionales de las instituciones públicas, principalmente de nepotismo y corrupción. Y es por esto, que el pasar de una selección excluyente de sus miembros a una abierta y popular en las urnas, se vuelve una medida de contra peso cívica ante las influencias de actores particulares; económicos y políticos poderosos que bien pueden emplearlo para sus intereses en los términos ya referidos. Es pues, una clara oportunidad de empoderamiento cívico y a pesar de sus limitantes iniciales, es una vía para exigir ahora con mayores razones un mejor modelo de Justicia. Y esto es lo que se obtiene principalmente con esta posibilidad de elección.
Ahora bien, mucho se ha criticado a la reforma presentando el argumento de la anticipada incapacidad de los candidatos. Los que se oponen auguran el desastre en la implementación de la reforma por la impericia de quienes compiten por el voto y donde eventualmente los candidatos ganadores se convertirán en juzgadores electos, pero los siguientes datos contradicen este juicio anticipado, pues como se ve en la siguiente imagen, más de un 70 % de las candidaturas provienen de la propia experiencia judicial federal y local siendo esta de un 60 % provenientes del PJF y un 11 por ciento de los PJ Locales.
El resto se divide entre Litigantes, es decir, practicantes del derecho, ex funcionarios federales y locales, otros tribunales, y una ínfima porción provienen de las fiscalías (espacios muy cuestionados o de plano señalados como grandes focos de impunidad en México). Por lo que el argumento de la impericia no puede generalizarse, más allá de ciertas consideraciones anecdóticas.
Ahora bien, es innegable, que la apertura del proceso implique la participación de candidatos identificados con algún partido político, y similar al argumento de la impericia se ha generalizado que el proceso estará cooptado por el partido en el gobierno federal, sin embargo, también vale el matiz de los datos para atemperar esta generalización. Pues acorde a un análisis efectuado por Ríos (2025) a 117 candidaturas del PJF. Los perfiles partidistas suman en total un 45 %, donde si bien hay una presencia del 36 % de candidatos identificados por la analista con Morena, también hay cabida de otros candidatos de partidos distintos al del gobierno, y como se observa en la imagen la mayoría, es decir, un 55 % no se identifican con ninguna filiación de partido.
Y si bien se necesitaría un análisis más detallado por los PJ de los 32 estados, donde se arguye también un alto interés de los Gobernadores en tal elección, cosa que siempre ha sido fehaciente desde antes de esta reforma, bien valdría prever que la filiación partidista personal no necesariamente implica emitir un fallo partidista de la justicia, lo cual, por supuesto también habría que evaluarse empíricamente antes de esta reforma, y tiempo después de la aplicación de la misma. Solo con una ponderación sistemática de esta cuestión se podría concluir y sobre todo contrastar con estatus anterior a esta reforma, una mayor o menor politización de la justicia, que a priori se esgrime por quienes se oponen a la misma.
Lo que falta…
Como se mencionó, al ser un ejercicio inédito en la historia democrática del país, esta elección por supuesto tiene limitantes legítimas que no se pueden ignorar, y que sin duda deberán de abordarse para lograr una mayor certeza y condiciones de confianza si es que este método de elección se sostiene en el futuro.
Quizá, la principal limitante es que, por la naturaleza de los cargos a elegir, en estas elecciones se votará por candidatos individuales sin claras estructuras de partido. Lo cual hace que la tarea de simplificar la información de las plataformas de campaña de cada uno de los candidatos y conectarlas a las preferencias de los votantes sea una tarea difícil. Me explico, en democracia, en elecciones al Ejecutivo o al Legislativo no es tan necesario que el votante haga un marcaje personal de las campañas y sus candidatos, o de sus propuestas, pues al votar por las marcas de los partidos, estos fungen como simplificadores o agregadores de información, es decir, que los votantes sabemos según el partido que votemos un comportamiento más o menos predecible de la actuación que posiblemente tenga el candidato votado si llega al poder institucional, en suma los partidos y sus colores, plataformas, e ideologías, sirven como medios que permiten conectar nuestras preferencias y por ende, los candidatos al tener el respaldo de las estructuras del partido son votados independientemente de si tienen un alcance individual de peso o no en sus distritos, pues mucha gente vota por los partidos que tradicional o coyunturalmente se adaptan a sus preferencias políticas.
Con lo anterior, no sugiero que los candidatos judiciales tengan partidos, pero sin duda sus plataformas y equipos de apoyo logístico tendrán que tener más facilidades que se adecuen en la ley electoral para que sea más fácil que el conocimiento de sus perfiles, experiencia y en su caso, propuestas de acción, lleguen a los ciudadanos, pues hasta ahora, a pesar del volanteo, o de los llamados “acordeones” que pueden sugerir el voto con un claro cuestionamiento sobre la legalidad de los mismos, las páginas web de los árbitros electorales son el único medio en el cual los ciudadanos podemos enterarnos de estos perfiles y razonar nuestras elecciones, con lo cual si no se permiten más acciones en campañas y medios, será difícil que las elecciones judiciales mejoren y alienten una mayor participación y confianza en el futuro.
Una segunda limitante es que esta sigue siendo, como las otras elecciones anteriores para los otros poderes del Estado, una elección en papel. Pues salvando, por supuesto las limitantes de las regiones rurales del interior del país y de sus estados, el que se vote en boletas de papel genera altísimos costos de dinero, de tiempo para los votantes (al acudir a las urnas y tener que leer las listas de nombres y ordenarlas con números correspondientes a cada candidato), cuando bien se debe de perder el miedo, y más bien, la desconfianza a invertir en sistemas seguros de urnas electrónicas, lo cual permitiría volver eficientes los centros de votación y aglutinar las secciones electorales en grandes centros de voto, y además, lo más importante es que tendríamos un resultado certero inmediato al cierre de las casillas en vez, de como en esta ocasión será, esperar 10 días a que los consejos distritales y sus consejeros ciudadanos (que sí, cabe aclarar que estos son ciudadanos sin partidos que trabajan solo temporalmente en los árbitros electorales, y no “empleados del gobierno” como se mal informa o se mal entiende) cuenten los votos y dictaminen resultados.
En suma, esta elección es importante, es lo que hay en nuestra constitución como método de elección de cargos judiciales, y muy a pesar de las críticas y protestas que se suscitaron, ahora los ciudadanos tenemos esta cesión de facultades democráticas en nuestras manos para elegir al PJ federal y local. Es pues una gran responsabilidad cívica, pero a la vez una gran carta legítima para con mucha mayor razón exigirles a los tres poderes del Estado mexicano, ahora todos electos por el pueblo, una mejor justicia, lo cual va más allá de cualquier tipo de elección. Pues siempre se requerirá un pueblo activo y políticamente movilizado para exigir mejores reformas y no quitar el dedo del renglón en sus desempeños y resultados.
Por lo aquí descrito si saldré a votar este domingo e invito a los que me leen a hacerlo.
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