Una investigadora llama a informar mejor a la ciudadanía para enfrentar la crisis del agua en San Luis Potosí.

Aunque invisible para muchos, el problema del tratamiento de aguas residuales en San Luis Potosí es cada vez más urgente. Así lo advierte la doctora Erika Padilla Ortega, investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien alertó sobre la falta de información precisa y confiable respecto al funcionamiento de las plantas tratadoras en el estado. El panorama, dijo, es preocupante: hay pocas plantas públicas y muchas privadas, pero se desconoce cuánto procesan y con qué eficiencia.

En la zona metropolitana potosina, operan aproximadamente 12 plantas públicas y cerca de 50 privadas, pero los datos sobre su rendimiento son escasos. No se sabe con certeza cuántos litros por segundo tratan ni si el proceso es suficiente para eliminar los contaminantes. Esta falta de monitoreo no solo impide evaluar la calidad del tratamiento, sino que deja abierta la posibilidad de que residuos dañinos lleguen al medio ambiente… o incluso de vuelta a las personas.

La investigadora subrayó que el reúso del agua es vital en un contexto de escasez hídrica. Sin embargo, advirtió que este recurso no es potable: ni siquiera hervirlo garantiza que sea seguro para el consumo humano. “Aunque se eliminen microorganismos, algunos compuestos químicos persisten y pueden afectar la salud”, explicó. Por eso, el agua tratada se emplea en agricultura o procesos industriales, pero jamás debe beberse.

Uno de los mitos más comunes, dijo, es creer que el agua tratada puede volverse potable simplemente con hervirla. En realidad, muchos contaminantes como metales pesados o compuestos químicos no se eliminan con calor. Consumirla, aunque sea ocasionalmente, implica un riesgo sanitario que va desde enfermedades gastrointestinales hasta problemas más complejos a largo plazo.

La doctora Padilla también hizo énfasis en la necesidad de distinguir entre agua tratada y agua potable: esta última debe cumplir normas estrictas que garantizan su inocuidad. Por ello, insistió en la urgencia de mejorar la infraestructura de tratamiento y, sobre todo, de establecer un sistema transparente de monitoreo que informe a la ciudadanía sobre la calidad real del agua que se reutiliza.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la conciencia hídrica: saber de dónde viene el agua, cómo se trata y para qué puede utilizarse de forma segura es clave para afrontar la crisis actual. Solo con información clara y una ciudadanía informada se podrá tomar decisiones responsables y exigir políticas públicas efectivas que protejan la salud y el medio ambiente.