En San Luis Potosí, el debate sobre el transporte público volvió a colocar en el centro una pregunta antigua y siempre vigente: ¿cuánto vale moverse en una ciudad sin comprometer la mesa familiar? El Gobierno del Estado respondió con una negativa clara a la propuesta de elevar la tarifa urbana a quince pesos, al considerar que ese monto no dialoga con la realidad económica cotidiana de las y los potosinos.
Para el ejercicio dos mil veintiséis, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizó un esquema diferenciado que busca equilibrio entre viabilidad operativa y justicia social. La tarifa general quedó en trece pesos con cincuenta centavos, el prepago en doce pesos con cincuenta, y la especial en seis pesos con setenta y cinco centavos, cifras que, aunque ajustadas, se mantienen por debajo de la solicitud de los concesionarios.
La titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, explicó que la decisión no fue improvisada. Hubo un análisis detallado de la inflación anual y del aumento en insumos indispensables para sostener el servicio y renovar unidades. Sin embargo, dejó claro que el criterio económico no puede ser un cálculo frío cuando se trata de un servicio que atraviesa la vida diaria de miles de personas.
Aun con este ajuste, el transporte público potosino conserva un lugar entre los más accesibles del país. A ello se suman alternativas que alivian el gasto, como el sistema MetroRed sin costo y los programas de subsidio dirigidos a estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, políticas que revelan una concepción de la movilidad como derecho y no como privilegio.
Así, la decisión gubernamental se inscribe en una lógica más amplia: proteger la economía familiar sin desatender la necesidad de un transporte funcional y digno. En esa tensión entre números y personas, el Estado eligió escuchar el pulso social y recordar que cada tarifa es, en el fondo, una historia diaria de ida y vuelta.
