El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó, en una sesión de tono casi solemne, una serie de reformas que colocan a los animales en el centro de la protección jurídica. Se trata de un paquete legislativo que no solo endurece sanciones contra el maltrato, sino que también redefine la relación ética de la sociedad con sus compañeros de cuatro patas y con la fauna silvestre que aún sobrevive en los paisajes potosinos.

La reforma fue avalada por unanimidad y prohíbe la caza, persecución o captura de especies amenazadas o en peligro de extinción, en concordancia con la Norma Oficial Mexicana NOM-059. Quien infrinja esta disposición no solo enfrentará multas, sino que podría ser procesado bajo el Código Penal del Estado. La medida responde a una demanda creciente: poner límites claros a la depredación humana sobre especies que ya cargan con el peso de la amenaza de desaparición.

El decreto también da un paso inédito en México: obligar a quienes maltraten o dañen a un animal a reparar el daño. No se trata únicamente de castigar con sanciones económicas o cárcel, sino de garantizar atención veterinaria, medicamentos, rehabilitación e incluso albergue a los animales víctimas de la crueldad. En este matiz se esconde un avance profundo: reconocer que los animales no son objetos desechables, sino seres vivos con necesidades y derechos.

Uno de los puntos más discutidos y aplaudidos es la tipificación de las peleas de perros como delito, con penas que oscilan de uno a cinco años de prisión. La ley se endurece no solo contra organizadores y participantes, sino también contra espectadores conscientes, pues asistir a estos espectáculos sangrientos también será punible. Por primera vez, además, se define el “sparring” —el uso de un animal para entrenar a otro en prácticas violentas— como una forma de maltrato, cerrando así un vacío legal que durante años sirvió como excusa para la crueldad disfrazada de costumbre.

En el ámbito de la compraventa de animales, las reformas prohíben de manera expresa mantener ejemplares enfermos, hacinados o demasiado jóvenes en tiendas y criaderos. También se castiga la comercialización de animales no vacunados ni desparasitados, y se sancionan prácticas crueles como mutilar o descuartizar a un animal vivo. Estas disposiciones, aunque parecen obvias a la sensibilidad contemporánea, representan un cambio drástico en un mercado que durante décadas operó en la sombra de la indiferencia legal.

Como dato curioso, se estableció que la sanción contra quienes incurran en maltrato será aún más severa si se trata de servidores públicos o de profesionales vinculados con el cuidado animal, como veterinarios. La ley también faculta a las autoridades para suspender o inhabilitar a quienes, bajo la apariencia de oficio o comercio, hayan hecho de la violencia su práctica. Un giro que obliga a la congruencia: quien ha jurado proteger la vida animal, no podrá escudarse más en la impunidad.

Con estas reformas, San Luis Potosí se coloca en el mapa nacional como un referente en materia de protección animal. No es un triunfo menor: detrás de estas disposiciones hay una historia de luchas ciudadanas, de asociaciones civiles que han exigido un trato digno y de una sociedad que, lentamente, ha comprendido que la grandeza de un pueblo se mide también en cómo trata a los más vulnerables de sus habitantes, humanos o no.