Prohibir las terapias de conversión: un paso más hacia la inclusión y el respeto

En el marco del mes de junio, reconocido mundialmente como el mes del orgullo LGBT, la diputada priista Frinné Azuara Yarzábal ha presentado una histórica iniciativa ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí. La propuesta busca erradicar las denominadas «terapias de conversión» (ECOSIG), prácticas que han sido ampliamente condenadas por organizaciones internacionales por su carácter violento y deshumanizante. La iniciativa propone una reforma integral al Código Penal del Estado, alineándose con la reciente reforma federal aprobada en marzo de 2024, que considera estas terapias como una forma de violencia, atentando contra la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.

Las terapias de conversión, que tienen como objetivo modificar la orientación sexual o identidad de género de las personas, se practican bajo la falacia de que la diversidad sexual es un trastorno que necesita corrección. Sin embargo, lo que realmente buscan es imponer una visión estrecha y discriminatoria de la sexualidad humana, en una negación de la libertad individual. Al aprobar esta reforma, el Estado de San Luis Potosí se sumaría a un creciente número de regiones que rechazan activamente estas prácticas, haciendo un llamado claro a la protección de los derechos humanos y la igualdad.

En esencia, la propuesta de Azuara Yarzábal propone la adición de un nuevo Capítulo VIII al Código Penal local, que abordará específicamente los delitos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género. De aprobarse, se establecerían penas de prisión de dos a seis años para aquellos que realicen, imparten o financien tratamientos para modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Además, la ley propone una serie de agravantes, como la inclusión de víctimas vulnerables (menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad) o situaciones de abuso de poder por parte de los agresores, como profesores, empleadores o familiares.

Una de las innovaciones más destacadas en la reforma es la inclusión de la obligación de realizar dictámenes especializados para evaluar el daño causado a la persona afectada. Este enfoque resalta el reconocimiento de la complejidad y el impacto psicológico de estas prácticas, que dejan cicatrices profundas en los individuos sometidos a ellas. A su vez, el proyecto establece que el Estado deberá garantizar la atención médica o psicológica necesaria para las víctimas, especialmente en los casos en que los responsables no puedan proporcionar este apoyo.

El impacto de esta reforma no se limita solo a las personas que practican las terapias de conversión, sino que también alcanza a los profesionales de la salud que participen en estas actividades. A través de la reforma a la Ley de Salud del Estado, se propone que aquellos que se impliquen en la aplicación de estas terapias enfrenten sanciones severas, incluida la suspensión temporal de su ejercicio profesional y otras sanciones penales. Así, la iniciativa busca erradicar no solo las prácticas dañinas, sino también aquellos que las avalan y las perpetúan.

En un contexto más amplio, esta propuesta resalta el papel crucial de las leyes en la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa. La acción legislativa no solo responde a una necesidad urgente de protección de derechos, sino que también marca un precedente histórico que se suma a los esfuerzos globales para garantizar la dignidad de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. En este sentido, la reforma no es solo un acto legal, sino un mensaje de solidaridad y de compromiso con la equidad.

Un dato curioso sobre el tema es que, en 2024, más de 70 países alrededor del mundo han tomado alguna forma de acción legislativa contra las terapias de conversión. Sin embargo, en muchos lugares estas prácticas siguen siendo legales, y su erradicación continúa siendo un desafío. La iniciativa de San Luis Potosí, por lo tanto, es una pieza clave en un movimiento global que busca la despenalización de la diversidad y el respeto a las personas en toda su complejidad.

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