En los barrios Llano Verde y Potrero Grande, al oriente de Cali, la factura de luz dejó de ser una preocupación para cientos de familias. Gracias al programa Hogares Energéticamente Sostenibles, impulsado dentro de la estrategia Colombia Solar, hogares en condición vulnerable registran ahorros que, en algunos casos, alcanzan el 100% del costo de energía. La clave: la instalación masiva de sistemas de paneles solares que garantizan acceso a energía limpia y asequible.

La iniciativa cuenta con una inversión de $36.800 millones, cofinanciada por el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) y Empresas Municipales de Cali (Emcali). El proyecto ya suma 1.860 sistemas fotovoltaicos instalados, cada uno con una capacidad de 2,18 kWp por vivienda, y cerca de 1.900 medidores inteligentes que permiten monitorear y optimizar el consumo.

Además del ahorro económico, el impacto social es evidente. El ministro de Minas, Edwin Palma Egea, señaló que este modelo “demuestra que donde se pueda aprovechar el sol, se puede transformar la vida de las familias”. Por su parte, Ángela Patricia Álvarez, directora de Fenoge, afirmó que la autonomía energética representa “una verdadera mejora en la calidad de vida” de los beneficiarios, quienes ahora pueden destinar el dinero ahorrado a otros servicios básicos.

El sistema instalado tiene una vida útil estimada de 20 años, acompañado de mantenimiento preventivo y correctivo, y se complementa con la entrega de bombillas LED para reducir aún más el consumo. Los casos de éxito son claros: en Llano Verde, algunas familias pasaron de pagar $55.000 mensuales a solo $20.000; en Potrero Grande, las reducciones van del 40% al 60%, con hogares que prácticamente ya no pagan electricidad.

Roger Mina, gerente general de Emcali, destacó que Cali avanza como referente nacional en sostenibilidad y equidad energética: “Este proyecto es una prueba de que la transición energética no es un discurso, sino una realidad posible cuando hay voluntad política y articulación institucional”.

Más que un ahorro económico, esta transformación significa justicia social, reducción de brechas energéticas y un paso firme hacia un futuro más limpio y equitativo para las comunidades que históricamente han estado al margen de la infraestructura energética moderna.