En la vida pública, hay momentos en que una nación se mira en el espejo de su propia historia ecológica y se pregunta si ha aprendido lo suficiente de sus heridas. La propuesta presentada por la senadora Ruth González Silva nace precisamente en ese punto donde la memoria ambiental, con sus cicatrices de ríos contaminados y bosques devorados, exige una nueva narrativa jurídica capaz de anticiparse a las catástrofes. Su iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente plantea que el principio de precaución deje de ser una idea abstracta y se convierta en un mandato explícito dentro de la ley.
La senadora explica que actuar antes de que el deterioro sea irreversible no es un gesto de alarma sino de madurez institucional. Ese principio, adoptado hace décadas en otros marcos internacionales, permite que el Estado intervenga en cuanto existan señales fundadas de riesgo, sin esperar al derrumbe definitivo de los ecosistemas. En sus palabras, es una herramienta ética y jurídica para impedir que la historia ambiental del país siga escribiéndose a partir de lamentaciones.
La reforma propone criterios rigurosos que doten de claridad y equilibrio a cualquier medida precautoria. Habla de proporcionalidad para evitar excesos, de no discriminación para impedir decisiones sesgadas, de coherencia para que las políticas ambientales no marchen en direcciones opuestas y de una revisión científica constante que mantenga vivo el diálogo entre conocimiento y acción. Se trata de diseñar un marco que prevenga arbitrariedades y al mismo tiempo refuerce la capacidad del Estado para proteger lo que es de todos.
González Silva recordó que la Constitución reconoce el derecho a un medio ambiente sano y que la Suprema Corte ha sostenido que la cautela no es una opción sino una obligación cuando el riesgo ambiental amenaza la vida humana o el equilibrio natural. Su iniciativa, por lo tanto, no busca frenar el desarrollo sino encauzarlo. Hay en su propuesta una mirada que concilia el crecimiento con la responsabilidad, como quien entiende que el progreso auténtico no puede levantarse sobre los restos de un entorno degradado.
Al cerrar su planteamiento, la legisladora dejó una idea que resuena como advertencia y como esperanza. Actuar a tiempo es proteger el futuro y convertir esa precaución en ley significa reconocer que un país que prevé es un país que aprende. Si México aspira a un desarrollo verdaderamente sostenible, la prudencia deberá ser parte de su legislación y de su visión de Estado.
