La Unidad de Medida y Actualización volverá a moverse en 2026, como lo hace cada año, siguiendo el pulso silencioso de la inflación. Esta referencia económica, utilizada para calcular multas, derechos, trámites y diversas obligaciones legales, tendrá un nuevo valor que impactará de manera directa en la vida administrativa de millones de personas en México.
El ajuste implica un incremento respecto al monto vigente en 2025 y responde al comportamiento de los precios observado al cierre del año. A partir de febrero, la UMA diaria será mayor, y con ella se actualizarán también sus equivalentes mensual y anual, cifras que funcionan como brújula para dependencias, juzgados, instituciones financieras y autoridades fiscales.
Desde su creación, la UMA marcó un punto de quiebre en la historia económica reciente del país. Sustituyó al salario mínimo como referencia para cobros y sanciones, evitando que los aumentos al ingreso básico de las personas se tradujeran automáticamente en multas más altas. Fue una decisión técnica, pero también social, que buscó separar el castigo administrativo del sustento cotidiano.
En la práctica, este ajuste anual no es un mero trámite estadístico. Cada modificación se refleja en el costo de permisos, créditos, impuestos locales, sanciones y obligaciones diversas. Es una cifra discreta, casi invisible, pero con efectos tangibles en la economía doméstica y en la relación diaria entre ciudadanía y Estado.
Así, la nueva UMA entra en vigor como una pieza más del engranaje institucional que intenta mantenerse a la par del tiempo. No promete alivio ni castigo por sí misma, pero recuerda que incluso los números oficiales envejecen y deben actualizarse para seguir contando la historia económica del país con cierta fidelidad.
