Hay reformas que no solo modifican leyes, sino que transforman la sensibilidad de una época. En Guanajuato, el reconocimiento del bienestar animal como derecho constitucional marca uno de esos momentos. La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo anunció que, tras la recepción del decreto aprobado por el Congreso local, el maltrato animal es ya considerado delito y la protección de los seres sintientes quedó inscrita en el Artículo 1° de la Constitución estatal.

Con la expedición del Decreto 171, la entidad se coloca entre las pioneras del país en reconocer explícitamente a los animales como seres capaces de sentir. La reforma no es un gesto simbólico; establece la obligación de garantizar su cuidado, trato digno, conservación y protección en los 46 municipios del estado. En términos jurídicos, significa elevar la causa del bienestar animal al nivel más alto del ordenamiento local.

La mandataria subrayó que el alcance de la medida trasciende a las mascotas domésticas. El espíritu de la reforma busca asegurar el respeto hacia todos los seres vivos, reconociendo que la convivencia humana no puede construirse sobre la indiferencia o la crueldad. La paz social, afirmó, se edifica desde la compasión y el respeto, valores que deben extenderse también a quienes no tienen voz.

Este paso constitucional dialoga con una tendencia global que entiende la relación con los animales como indicador de desarrollo ético. En el pasado, la legislación los trataba como bienes; hoy, el lenguaje jurídico comienza a reconocer su condición de seres sintientes. El cambio no es menor: implica revisar prácticas, fortalecer sanciones y promover una cultura de responsabilidad colectiva.

La invitación de la gobernadora fue clara: la transformación no depende únicamente del texto legal, sino de la conciencia ciudadana. Proteger a los animales exige educación, vigilancia y participación activa. Las leyes pueden trazar el marco, pero son las conductas cotidianas las que consolidan una nueva cultura de respeto.

Guanajuato, con esta reforma, inscribe en su Constitución una declaración de principios que trasciende lo jurídico. Al reconocer el bienestar animal como derecho, afirma que el progreso no solo se mide en infraestructura o inversión, sino también en la capacidad de una sociedad para cuidar a los más vulnerables. Que el respeto a la vida, en todas sus formas, sea la huella que defina este tiempo.