En un país donde la riqueza cultural se despliega como un mosaico que desafía cualquier intento de homogeneización, la educación indígena, intercultural y plurilingüe ha sido, más que una asignatura pendiente, un libro a medias escrito. La reciente propuesta para fortalecer este capítulo de la enseñanza básica y superior busca no solo reescribirlo, sino también darle el lugar que merece en el gran archivo nacional.

Las diputadas Karina Margarita del Río Zenteno e Irma Juan Carlos han puesto sobre la mesa una reforma que, lejos de ser un mero trámite burocrático, pretende ser un abrazo legislativo a los pueblos originarios y afromexicanos. La iniciativa, como un rayo que ilumina un sendero olvidado, propone dotar a la Secretaría de Educación Pública de herramientas legales para garantizar que la diversidad cultural y lingüística no solo se reconozca, sino que se convierta en el eje de un sistema educativo digno y plural.

No es poca cosa. En un México donde la lengua es tan diversa como sus paisajes, y la historia indígena corre en las venas de millones, esta reforma funciona como un símil del cuidado que uno tendría al restaurar una obra de arte ancestral: delicada, imprescindible y urgente. Es la oportunidad de que la educación refleje la verdadera composición de la nación, no solo en papel, sino en el corazón de las aulas.

Curiosamente, esta propuesta llega poco después de una reforma constitucional que ya reconocía el derecho a la libre determinación y autonomía de estos pueblos, casi como si el sistema educativo despertara tras años de sueño profundo. La iniciativa se encamina a que la SEP implemente políticas que no solo enseñen idiomas indígenas, sino que valoren las culturas que les dan vida, recordándonos que aprender es también un acto de justicia.

La promesa de formar profesionales indígenas y diseñar programas comunitarios que respondan a necesidades concretas no es un sueño utópico, sino una llamada a escuchar y actuar, una resistencia sabia ante el riesgo de perder saberes que se construyeron en siglos y que no pueden ni deben quedar relegados. La educación intercultural se presenta así como un puente que conecta tiempos, mundos y saberes, y que bien cuidado, puede sostener el futuro.

Si se aprueba, esta reforma no solo ajustará leyes, sino que podría transformar realidades, recordándonos que la diversidad es más que un concepto académico: es la piel viva de México. La iniciativa representa un compromiso ético que, a diferencia de muchas palabras legislativas, tiene el potencial de sembrar inclusión y respeto en el tejido mismo del país.