La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) de San Luis Potosí se encuentra en una etapa clave para consolidar la protección del entorno natural y mejorar la gestión ambiental en el estado. Bajo la dirección de Sonia Mendoza Díaz y siguiendo las indicaciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la dependencia ha intensificado su trabajo para asegurar que los programas y proyectos ambientales cuenten con el respaldo jurídico necesario.

En una reunión estratégica con la Consejería Jurídica estatal, la titular de Segam revisó el estado legal y administrativo de las principales líneas de acción ambiental, incluyendo la regularización y creación de Áreas Naturales Protegidas estatales, así como la gestión integral de residuos. Este trabajo coordinado busca asegurar que cada iniciativa esté respaldada por un marco normativo sólido que garantice su eficacia y permanencia.

La actualización y aplicación de instrumentos de planeación ambiental se destacan como una prioridad para la Secretaría. La intención es contar con políticas públicas coherentes y sostenibles que respondan a las necesidades actuales sin comprometer el bienestar de futuras generaciones. El respaldo legal, en este sentido, es fundamental para evitar obstáculos administrativos y fortalecer la capacidad de acción de las autoridades ambientales.

Este enfoque refleja una visión integral en la que el cuidado del medio ambiente se entiende como un proceso dinámico que requiere ajustes constantes y la colaboración interinstitucional. La Segam trabaja para que las acciones no sean meros proyectos aislados, sino que formen parte de un sistema robusto y con capacidad real de incidencia en el territorio potosino.

El compromiso del gobierno estatal, expresado en la instrucción directa del gobernador Gallardo Cardona, demuestra la importancia que se le da a la gestión ambiental como un eje de desarrollo sostenible y calidad de vida para la población. El fortalecimiento legal es un paso decisivo para que esta visión se convierta en resultados tangibles.

Finalmente, este proceso invita a reflexionar sobre la relación entre el derecho, la política pública y el medio ambiente, un triángulo imprescindible para construir sociedades que valoren y protejan sus recursos naturales de manera efectiva y responsable.