En una jornada crucial para los derechos de las mujeres y la protección de la infancia, el Congreso de San Luis Potosí dio un paso valiente e histórico en la lucha contra la violencia de género al tipificar la violencia vicaria como un delito en el Código Penal estatal. Esta reforma, que cobra relevancia por su poder transformador, aborda una de las formas más insidiosas y desgarradoras de abuso: el daño a las mujeres a través del sufrimiento de sus hijos e hijas. La violencia vicaria se alimenta del dolor ajeno, haciendo de los más vulnerables, los niños y niñas, una herramienta cruel de castigo.
El nuevo marco legal establece sanciones claras y contundentes: de dos a ocho años de prisión y una multa significativa que varía entre 140 y 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Sin embargo, la reforma no se detiene ahí. La ley también otorga la posibilidad de que la pena se aumente hasta en una tercera parte si el delito es perpetrado mediante terceros, lo que subraya la gravedad del abuso. No solo se busca castigar a los responsables, sino también prevenir futuras agresiones mediante la imposición de programas de reeducación y tratamiento psicológico, brindando así una vía de rehabilitación que busca reinsertar al agresor en la sociedad, sin eludir la justicia.
Una de las medidas más poderosas que incluye esta reforma es la posibilidad de que el juez ordene la pérdida de la patria potestad, la custodia, los derechos hereditarios e incluso la pensión alimenticia a favor de la víctima. Este conjunto de medidas proporciona una protección integral, no solo para las mujeres que padecen este tipo de violencia, sino también para los niños y niñas que, muchas veces, son testigos de sufrimiento y, en ocasiones, víctimas directas. La reforma al Código Penal crea un capítulo específico para la violencia vicaria, fortaleciendo así un sistema legal que se posiciona de manera firme contra cualquier intento de revictimizar a quienes ya han sufrido enormemente.
En cuanto a los aspectos más personales y profundos de esta reforma, los datos curiosos surgen a través de los efectos transformadores que se pueden generar en la sociedad potosina. No es solo una cuestión jurídica, sino también social. Esta ley marca el inicio de un camino hacia una cultura de prevención de la violencia de género, donde la protección de la familia, especialmente de las mujeres y los menores, se convierte en un derecho irrenunciable. La reforma busca visibilizar una problemática que, durante mucho tiempo, fue ignorada y desestimada, y de esta forma, marca un precedente para otros estados del país.
A nivel nacional, la violencia vicaria ha sido una problemática que ha escalado en su visibilidad en los últimos años, sobre todo gracias a la valiente lucha de mujeres activistas, organizaciones civiles y grupos de derechos humanos. Esta reforma en San Luis Potosí no solo responde a una necesidad urgente de justicia, sino que también actúa como un faro de esperanza para miles de mujeres que han sido víctimas de este tipo de agresiones. Es un recordatorio de que la ley puede y debe ser una herramienta poderosa para la transformación social.
