Deudores alimentarios en SLP podrían quedarse sin licencia y sin candidaturas políticas

Comisiones del Congreso aprobaron por unanimidad un dictamen que busca hacer público el padrón y establecer restricciones para quienes incumplan con el pago de pensiones alimenticias. La propuesta todavía deberá votarse en el Pleno.

Dejar de cumplir con una pensión alimenticia podría tener consecuencias que van más allá de una deuda económica en San Luis Potosí. Comisiones unidas del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad un dictamen que plantea impedir que las personas inscritas en el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas puedan tramitar licencias de conducir, contraer matrimonio o participar como candidatas en procesos electorales. La medida busca fortalecer los mecanismos para garantizar que niñas, niños y adolescentes reciban los recursos que les corresponden.

La propuesta reúne siete iniciativas y establece que una persona podrá ser considerada deudora alimentaria morosa cuando acumule 30 días naturales consecutivos sin cumplir con su obligación. A petición de la parte afectada, una autoridad judicial podrá ordenar su inscripción en el padrón, cuya administración, actualización y resguardo estarán a cargo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Secretaría General.

Uno de los cambios centrales es que el registro tendrá carácter público y estará vinculado con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Para realizar determinados trámites ante autoridades estatales y municipales será necesario presentar un certificado que acredite que la persona no aparece inscrita. Entre los procedimientos contemplados están la expedición de licencias o permisos para conducir, la celebración de matrimonios y ciertas operaciones de compraventa de inmuebles o transmisión de derechos reales.

En materia política, el dictamen contempla restricciones para quienes busquen una candidatura independiente o sean postulados por algún partido político a cargos de elección popular. También incluye el requisito para aspirar a la titularidad del órgano interno de control del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC). Sin embargo, estas disposiciones electorales se aplicarían a partir del proceso local de 2030, por lo que no tendrían efectos en las elecciones de 2027.

La reforma también contempla medidas para fortalecer la determinación de las pensiones alimenticias. Cuando no sea posible comprobar los ingresos de la persona obligada a pagar, la autoridad judicial podrá tomar en cuenta su capacidad económica y el nivel de vida que haya mantenido durante los últimos dos años para estimar sus ingresos y establecer el monto correspondiente. Además, se prevé que el padrón se actualice y que las personas puedan obtener gratuitamente, mediante una plataforma institucional, su certificado de no inscripción una vez que hayan satisfecho sus obligaciones.

Aunque el dictamen ya recibió el respaldo de las comisiones legislativas, todavía deberá ser discutido y votado por el Pleno del Congreso del Estado antes de convertirse en ley. De aprobarse y publicarse oficialmente, las nuevas disposiciones marcarían un cambio en la manera de atender el incumplimiento de las pensiones alimenticias: ya no se trataría únicamente de registrar una deuda, sino de establecer consecuencias administrativas y políticas para quienes evadan esta responsabilidad. La intención, de acuerdo con las legisladoras impulsoras, es colocar en el centro el derecho de las infancias a recibir alimentos y protección.

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