La discusión sobre el final de la vida, durante años confinada al ámbito privado y moral, ingresó de lleno al debate legislativo. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para despenalizar la muerte asistida en México, una propuesta que busca replantear la relación entre el Estado, la medicina y la dignidad humana en los momentos más extremos de la existencia.
El proyecto, impulsado por la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, plantea reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para que la terminación intencional de la vida no sea considerada delito ni genere responsabilidad civil, siempre que se cumplan requisitos legales, médicos y éticos. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Salud y de Justicia, donde comenzará un proceso de análisis que anticipa un debate profundo y sensible.
La propuesta establece que solo podrán solicitar la muerte asistida personas mayores de edad, mediante una petición expresa y por escrito. Cada caso deberá ser evaluado por un Comité de Bioética, encargado de determinar la aptitud de la persona solicitante y la procedencia del procedimiento, con el objetivo de evitar decisiones precipitadas y garantizar un marco de cuidado institucional.
En el plano médico, el proyecto contempla tanto la eutanasia como el suicidio asistido, siempre bajo la responsabilidad de personal de salud autorizado y conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud. Se reconoce la objeción de conciencia del personal médico, pero se obliga a las instituciones a garantizar que otro profesional no objetor pueda realizar el procedimiento, evitando que la negativa individual anule el derecho del paciente.
En su exposición de motivos, la iniciativa subraya que, aunque estas prácticas están actualmente prohibidas en México, existe un respaldo social creciente a la posibilidad de una muerte digna en contextos de sufrimiento extremo. También recuerda que otros países ya han legislado en esta materia y sostiene que avanzar en este terreno significaría reconocer la autonomía personal, la dignidad humana y el derecho a decidir incluso en el umbral final de la vida.
